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Estatuto de Contratación

El régimen contractual de las empresas prestadoras de servicios públicos, es preciso señalar que su régimen es el de derecho privado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 142 de 1994. Al respecto la Oficina Asesora Jurídica, ha manifestado:

"(...) El artículo 32 de la ley 142 de 1994 dispone que salvo que la constitución política o la Ley dispongan otra cosa los actos de las empresas de servicios públicos se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado. Y agrega la norma que la regla precedente se aplicará inclusive a las sociedades en que las entidades oficiales son aportantes sin atender al porcentaje que sus aportes representen dentro del capital social, ni a la naturaleza del acto o derecho que se ejerza."

Con fin de equiparar esta situación entre las diversas empresas sin importar su naturaleza jurídica, se determinó la aplicación de un régimen de contratación para todas ellas, ligado precisamente a las condiciones del servicio que operan y prestan, reflejadoen lo consagrado en la ley 142 de 1994, de conformidad su artículo 31, modificado por el artículo 3de ley 689 de 2001.

“El régimen aplicable a los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios en general, será a regulado por el derecho privado, y en forma excepcional el de derecho público”.

Especial aplicación tendrá el régimen de derecho público (disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación Estatal), cuando las comisiones de regulación hagan obligatoria la inclusión de cláusulas exorbitantes, en cierto tipo de contratos, o autoricen su inclusión, previa consulta expresa,en cuyo caso, los actos y contratos en los que se utilicen esas cláusulas o se ejerciten esas facultades, estarán sujetos al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ello si desconocer el avance que en materia de competencia introdujo el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo.

El legislador incluso, doto de atribuciones a este tipo de empresas para reglamentar dentro de sus Estatutos Internos las reglas contractuales aplicables, claro está, respetando principios de la función pública consagrados en la Constitución.


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